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La tolerancia de los ecuatorianos ante la corrupción aumenta, lo que intensifica un serio problema que afronta el país: que el control de este mal cada vez se torna más difícil.
Según comunicado de Cedatos a esta redacción, la mitad de las tres mil familias encuestadas en las 21 provincias continentales (Galápagos no participó) reconoció haber sido víctima de la corrupción en el último año, con índices de tolerancia elevados. Asimismo, estos índices elevados han ido en aumento en comparación a América Latina y muy superiores a Europa. En el 2001, la tolerancia fue de 19%; en el 2004, 19,2%, y en el 2006 subió a 21,2%.
“Si para analizar las víctimas de la corrupción se considera el pago de coimas en la actividad diaria, se observa que más de un quinto de la población las considera justificables, siendo Guayaquil la ciudad donde es mayor la tolerancia, con el 37,3%, frente a Quito con un 13,7%”, señala el comunicado.
Las ciudades grandes son más tolerantes que las pequeñas (21,2% frente a 17,4%); de igual manera, las áreas urbanas son más que las rurales (16,2% frente a 10,3%).
Por su parte, la tolerancia de la corrupción en la costa urbana es superior a la que registra la sierra urbana (29,9% contra 16,2%).
Otro rubro resaltado por este estudio es el de por sexos, donde se detectó que las mujeres toleran menos a la corrupción (18,8%) que los hombres (23,7%).
Mientras, por edades la tolerancia se observa más en los jóvenes de 18 a 25 años (28,2%) y en los adultos de 56 a 65 años (22,9%). Ambos son los grupos de edad que más justifican el pago de coimas u otras formas de corrupción.
“El estudio demuestra que el haber sido víctima alguna vez de una forma de corrupción, hace que los afectados tiendan a justificar tales actos, convirtiendo a este delito en un círculo vicioso que será difícil de romper”, indica Cedatos.
También expresa que los resultados de este estudio coinciden con los del Instituto de Medidas de Gobernabilidad del Banco Mundial, pues ubican al Ecuador entre los cuatro países con mayor índice de corrupción entre 18 indagados en la región. Chile, Costa Rica y Uruguay lideran la lista.
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